El justicialismo acompañó la nueva Ley de Ministerios pero cuestionó la forma de tratamiento y el alcance de la supuesta reducción de los cargos

“Asumimos con los entrerrianos el compromiso de ser una oposición responsable, criteriosa y constructiva para acompañar la gobernabilidad. Por esa razón, pese a las condiciones de tratamiento de este proyecto, estamos aquí cumpliendo el rol que nos toca para aportar a la posibilidad de que le vaya bien a Entre Ríos”, explicó la presidenta del bloque, Laura Stratta.

Luego señaló: “Este proyecto que estamos tratando hoy está signado por una premura que no compartimos. Hubiera sido más enriquecedor girarlo a comisión para hacer los aportes necesarios”. Los legisladores justicialistas señalaron su disconformidad con el tratamiento “express” de la norma que incluyó la convocatoria a Labor Parlamentaria sin ninguna instancia previa de análisis con el proyecto. 

Stratta recordó que la Ley N° 10.093 previó la existencia de diez ministerios, pero indicó que durante las dos últimas gestiones justicialistas las carteras fueron siete entre 2015 y 2019, y seis a partir de 2019, y que desde agosto de 2022 pasaron a cinco. “Es decir que la reducción que se plantea ya existió de hecho en la provincia durante los ocho últimos años de gobierno de Gustavo Bordet”, remarcó. Además indicó que “si bien hay en este proyecto siete ministerios, hay también dos secretarias que comienzan a tener rango de ministerio, con lo que esto implica en orden al funcionamiento que van a tener para dar respuesta a las funciones asignadas”. De esta forma el bloque consideró que no quedará reflejada en la nueva ley la supuesta intención de mayor austeridad en la estructura administrativa.

También Stratta remarcó que en el nuevo proyecto “no se precisan cuáles son las secretarías, subsecretarías y organismos de cada uno de los ministerios, a diferencia de lo que sucede con la ley actual.  Por el contrario, se indica que las creará el Poder Ejecutivo, permitiéndole una profunda discrecionalidad al gobernador en el ejercicio de esta facultad”.

Por último señaló el uso de términos inadecuados para denominar las materias de cada área, que incluso contrarían convenciones internacionales. Por ejemplo, el proyecto se refiere a “personas con capacidades diferentes” en vez de usar el término “discapacidad”, que es receptado en la normativa internacional, nacional y local. O que también alude al “Medio Ambiente” cuando existen consensos básicos acerca de que el término adecuado es “Ambiente”, tal como lo encontramos hace tiempo ya en diferentes áreas gubernamentales, entre otros. 

En tanto el diputado Juan José Baíllo cuestionó que la segunda parte del artículo 35° del proyecto faculta al Poder Ejecutivo para modificar aspectos de organismos descentralizados, autárquicos y Empresas o Sociedades del Estado Provincial, se relacionen con la Administración Central”. Bahillo explicó que los entes autárquicos son creados por leyes específicas y que la forma de modificar los aspectos señalados es mediante la modificación de cada una de esas leyes.

Igualmente el legislador puso de manifiesto la falta de referencia en la norma a áreas sumamente importantes de la vida y la actividad económica de los entrerrianos y entrerrianas.