Consejo de la Magistratura: diputados escucharon a representantes de la sociedad civil

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena, abordó nuevamente este martes el proyecto de reforma de la Ley Nº 11.003 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos, remitido por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad, los legisladores escucharon a representantes de la sociedad civil que integran el organismo que selecciona a las autoridades del Poder Judicial.

“Hoy recibimos a los dos representantes de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura, quienes nos dieron su opinión respecto del proyecto de ley”, informó la diputada Lena. Se trata de los consejeros María Paula Armándola (Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos) y Matías Daniel Chiosso (Asociación Civil Vida y Esperanza).

“Es importante explicar la importancia que el Consejo de la Magistratura tiene para la vida institucional de la provincia. Es el organismo que la constitución establece para el nombramiento de los jueces, fiscales y defensores en Entre Ríos, lo cual se hace en base al mérito, a través concursos de oposición y antecedentes”, detalló la legisladora. “Esto hace que los funcionarios judiciales tengan independencia para poder investigar, defender o sancionar y juzgar, sin intervención del poder político y de quien sea el gobierno de turno”, agregó.  

Acerca de las personas que participaron como invitadas de la reunión de comisión, recordó: “Una pata del Consejo de la Magistratura es la sociedad civil, que no tiene absolutamente nada que ver con la temática del Derecho, pero que sí tiene una mirada de la Justicia, como vecino”.

En adelante, la comisión trabajará sobre el texto del proyecto en base a los aportes que se han recibido y al intercambio entre los diputados de diferentes bloques. “Intentaremos arribar a un texto consensuado la semana que viene y, si es posible, ingresarlo en la próxima sesión”, indicó.

Mediante esta iniciativa se prevén cambios en la normativa vigente, con el objetivo de destrabar la realización de concursos para la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial, así como otras reformas referidas al funcionamiento de la institución.