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La medida quedó formalizada mediante el Decreto 183. La decisión se enmarcó en un proceso de reordenamiento administrativo impulsado por el titular de la Cámara baja, Gustavo Hein. Ese proceso incluyó la revisión de nombramientos efectuados por la gestión anterior que, según se estableció, habían sido realizados de manera irregular y generaron un incremento injustificado de la planta permanente sin corresponderse con necesidades reales de funcionamiento.
A partir de ese diagnóstico, y en coordinación con el gobernador Rogelio Frigerio, se resolvió destinar parte de esos cargos disponibles a fortalecer un área crítica del sistema sanitario provincial. La norma remarcó que la creciente demanda social vinculada a la salud mental exige “reforzar de manera urgente y prioritaria las estructuras institucionales que brindan dicho servicio”.
Al respecto, Hein expresó: "salud mental es para nosotros una prioridad en materia de política pública; venimos trabajando fuertemente desde la Cámara en prevención y asistencia junto a otros organismos provinciales, y con esta medida queremos marcar un precedente, reasignando recursos existentes a áreas críticas".
Desde la Cámara se destacó que la salud mental requiere equipos especializados, capacidad de respuesta, tareas de prevención, inclusión social, asistencia en crisis y abordajes comunitarios. En ese marco, se afirmó que las instituciones del Estado deben coordinar esfuerzos y priorizar recursos allí donde resulten más necesarios, bajo principios de eficiencia y solidaridad institucional.
La medida fue presentada como un gesto inédito en términos de cooperación interinstitucional, ya que no existen antecedentes de una transferencia voluntaria de cargos desde la Legislatura hacia otro organismo estatal para fortalecer una política pública esencial. También se subrayó que la decisión no resiente los servicios propios de la Cámara, a la vez que permite robustecer un área históricamente subfinanciada sin incrementar el gasto ni ampliar estructuras administrativas.
Finalmente, se señaló que la definición se inscribe en un modelo de gestión responsable, orientado a jerarquizar áreas sensibles para la ciudadanía y a asegurar que los recursos públicos se destinen a funciones de alto impacto social, como lo es la salud mental.
