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Presidida por la diputada Gabriela Lena, la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles 25 para analizar la propuesta de un Código de Contravenciones para la provincia. El proyecto es de autoría de la diputada Vilma Vázquez e incluye novedades como la tipificación de la violencia digital y el ciberacoso, mientras que define conductas que la normativa actual no contempla. El texto crea, además, la Unidad de Control y Ejecución de la Sanción (UCES) para supervisar el cumplimiento de las penas.
Al momento de fundamentar la iniciativa, la autora del proyecto se basó en la necesidad de elaborar “una propuesta que actualice un régimen que ha quedado obsoleto y que genera una brecha entre la formación teórica y la práctica operativa de quienes son responsables de aplicar la ley, debilitando la capacidad preventiva del Estado”. En la oportunidad, y como parte del trabajo, la comisión invitó a participar del debate a diversas autoridades policiales. De tal manera, expusieron el comisario mayor Sergio Masset, el jefe de la División de Seguridad en Eventos Masivos comisario inspector Víctor Paunovich, la jefa de Planeamiento y Desarrollo comisario principal Daiana Marek, el jefe de Brigada de Delitos Rurales, departamental Paraná comisario principal Leonardo Peralta, y el comisario inspector Leandro Juárez.
Según analizó Vázquez, el debate es crucial, ya que la ley núcleo vigente data de 1952 y luego recibió solo reformas parciales. Detalló que “el texto vigente, con más de siete décadas de antigüedad, fue elaborado bajo un paradigma normativo y social propio de otra época, que ya no responde a las necesidades actuales de convivencia, seguridad ciudadana y respeto por los derechos humanos”. De sancionarse la nueva ley -aseguró la diputada- se establecerá un “marco legal, moderno y detallado que garantizará principios y garantías constitucionales, que pondrá foco en las faltas según parámetros de convivencia social e institucional, que incluirá agravantes específicos para personal de salud, educación y seguridad, así como para casos de violencia de género”. Y subrayó: “Los objetivos son brindar mayor seguridad jurídica, reducir la litigiosidad y, fundamentalmente, consolidar una herramienta eficaz de prevención dentro del marco legal vigente”.
El articulado define las contravenciones según dolo o culpa, establece causas de justificación e inimputabilidad y clasifica las faltas en levísimas, leves y graves. Crea la UCES para la supervisión de sanciones, mientras que detalla penalidades principales como trabajo de utilidad pública, multa y arresto, y accesorias como clausura e inhabilitación. Además, incorpora capítulos específicos sobre protección integral de personas, incluyendo agresiones físicas, acoso sexual y discriminación, e introduce un título sobre identidad digital.
