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"La impunidad y voracidad de algunos empresarios agropecuarios deja en clara evidencia que ni las medidas judiciales ni las multas alcanzan para frenar la destrucción de nuestros últimos bosques nativos. Necesitamos que en forma urgente se penalicen los desmontes", señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre de 2020 la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió ordenar la suspensión de los desmontes hasta tanto el mismo sea realizado en forma participativa y respetando lo establecido por la Ley Nacional de Bosques 26.331. Tras la realización de una audiencia pública, la suspensión de los desmontes fue ratificada por la justicia chaqueña hace dos semanas.
Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con más pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas.
En lo que va de este año, el monitoreo de imágenes satelitales de Greenpeace revela el desmonte de 13.503 hectáreas en la provincia de Chaco, a pesar de lo dictado por la Justicia provincial.
"El gobernador de Chaco no puede seguir siendo cómplice de este crimen y debe aumentar fuertemente los controles para garantizar que se cumpla la suspensión establecida por la Justicia y no se siga desmontando. Más deforestación significa más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Ya es hora de que se penalicen los desmontes, son un crimen que pone en riesgo nuestra propia supervivencia", advirtió Cruz.
