Doce trabajadores rurales fueron rescatados como resultado de un allanamiento realizado el 1° de septiembre en un campo llamado “La Negrita”, ubicado en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el marco de una investigación por trata laboral de personas con fines de explotación laboral. Un hombre que se desempeñaba como capataz de la finca resultó detenido.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y en la causa interviene la Fiscalía de Primera Instancia de esa ciudad, a cargo de Josefina Minatta.

Las víctimas, todas oriundas de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, se encontraban en un predio con cuatro carpas precarias, confeccionadas con lonas sostenidas por palos y machimbres. El lugar no contaba con baños ni espacio para higienizarse. Tampoco contaba con energía eléctrica, agua potable y elementos de primeros auxilios. Un sector de una de las carpas era utilizado como “cocina”: allí había troncos y maderas para hacer fuego.

Por otro lado, en inmediaciones de las carpas se encontraron nueve machetes, tres motosierras, seis hachas y dos palas. En un lugar más alejado, dos camiones Mercedez Benz, dos acoplados, una máquina marca Fiat utilizada para levantar postes de gran dimensión y peso y un tanque cisterna, todo ellos sin medidas de seguridad.

Al momento de la identificación, dos de los trabajadores manifestaron que el capataz, individualizado como J.M.M., tenía retenidos sus documentos nacionales de identidad sin motivo alguno.

En tanto, en otro allanamiento realizado en el aserradero “Capitán Rojas” se constató la situación de otros 17 trabajadores. En los operativos participaron profesionales del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata de Personas y del Ministerio de Trabajo de la provincia de Entre Ríos. 

La causa

La investigación se inició el 31 de agosto, a raíz de la denuncia de un trabajador ante el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de la Gendarmería Nacional Concordia. En esa oportunidad, el hombre detalló que, junto a otras nueve personas, se encontraban trabajando “de sol a sol” en un campo dedicado al raleo de eucalipto en condiciones infrahumanas: sin baños, ni electricidad, bajo carpas de nylon y sin acceso a agua potable.

Además, señaló que el pago acordado con el capataz era de $200 la hora o $65 por poste por trabajos como raleo, desmonte, pelado de eucalipto y traslado de maderas. Explicó que, sin embargo, nunca percibieron suma alguna y que les informaron que, cuando cobraran, les descontarían la mercadería consumida en el lugar.

Por otra parte, el denunciante agregó que el capataz contaba con armas de fuego, las cuales utilizaba para efectuar disparos al aire, y amenazaba con despedirlos si ellos planteaban la posibilidad de tener algún descanso, informó UNO.