El proyecto ingresó este martes a la Cámara de Diputados de la Provincia y tiene como fin “establecer la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de toda obra y actividad, pública o privada, que sea susceptible de afectar relevantemente la calidad de los componentes del ambiente natural y antrópico, garantizando la participación ciudadana”.

La iniciativa, impulsada por el diputado Gustavo Zavallo (PJ), dispone que las obras o actividades se desarrollarán tratando de prevenir los efectos negativos que puedan ocurrir sobre el ambiente.

Incluye el punto “Principio de participación“, que establece que “todos los habitantes de la provincia tienen derecho a intervenir activamente en la defensa y protección del ambiente y participar de manera efectiva en el procedimiento gubernamental de toma de decisiones mediante las vías previstas”.

“La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para la autoridad convocante, pero en caso de que se presenten opiniones contrarias a los resultados alcanzados en el dictamen técnico estas deberán ser analizadas y contestadas por las autoridades intervinientes”, se aclara en la iniciativa.

La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y los Municipios de la serán autoridad de aplicación: “En el caso de que la obra o actividad se desarrolle dentro de la jurisdicción de un municipio, éstos son los encargados de llevar adelante el Procedimiento de Participación Ciudadana y de emitir la Declaración de Impacto Ambiental y el Certificado de Aptitud Ambiental en base a la evaluación técnica realizada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia”.

El proyecto consta de 45 artículos y hay uno que se refiere a las sanciones, que van desde una multa de hasta 1.500 sueldos de la categoría inicial de la administración pública provincial hasta la suspensión temporal total o parcial de la obra o actividad.

El proyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental” fue trabajado junto a la Secretaria de Ambiente, María Daniela García, y su equipo de trabajo, quienes “a través de la labor diaria que llevan adelante, consideran prioritario y fundamental avanzar en una armonización y actualización del sistema vigente”, sostuvo Zavallo en los fundamentos del proyecto.

“Este proyecto propone una actualización de la normativa, conforme a los actuales paradigmas de tutela medio ambiental y de derechos humanos”, resaltó.

En la iniciativa se plantea la derogación de la Ley N° 6.260 de Prevención y Control de la Contaminación por parte de las Industrias, sancionada en 1978. Además, toma como base el Decreto N° 4.977/2009, a través del cual se aprobó la reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental, dando así “un salto de calidad normativa”, se destaca en el proyecto. (APFDigital)