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Durante la jornada de trabajo que mantuvo con el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y su gabinete, el mandatario hizo hincapié en el difícil contexto en el que le toca conducir la provincia: "Claramente estamos atravesando la peor crisis de estos 40 años de democracia. Los indicadores sociales y económicos así lo especifican", subrayó.
Mencionó el desorden y la complejidad en que se encontraba la provincia a nivel fiscal y financiero, lo que obligó a las autoridades a llevar adelante un intenso trabajo de ordenamiento: "Encaramos un proceso de austeridad en el manejo de las cuentas públicas nunca antes visto en nuestra provincia. Cuidamos cada peso que ingresa al Estado".
En ese sentido, enumeró acciones como la reducción de la planta política, el redireccionamiento de autos oficiales a la Policía de Entre Ríos, el ahorro en la Caja de Jubilaciones y la drástica reducción de adscripciones y transferencias a planta permanente. "Estamos revirtiendo la desidia que encontramos para sanear las cuentas públicas provinciales como una base de largada para empezar a poner en marcha las transformaciones que necesitamos para generar desarrollo".
"Estuvimos meses gestionando el desorden que encontramos en la obra pública, con casi 30 mil millones de pesos de deuda. Logramos, con muchísimo trabajo y un gran esfuerzo de nuestro equipo, acordar con cada una de las empresas contratistas del Estado un plan de pagos con el que podemos cumplir. De esta manera, pudimos empezar a retomar, como ya lo vieron, algunas obras claves que necesita nuestra provincia en términos de infraestructura para dar respuesta a la gente", destacó el gobernador.
Sumó, a estos ejemplos, las demandas históricas que llevó adelante el gobierno provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los fondos previsionales que se adeudan a Entre Ríos y los pagos de regalías y excedentes de la represa hidroeléctrica de Salto Grande.
Además, destacó la tarea realizada en materia de modernización y transparencia, como el envío de los proyectos de ley de Acceso a la Información Pública, de Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública y de Transición de Gobierno, "para que el gobierno que nos suceda no tenga que pasar por los mismos problemas que tuvimos que pasar nosotros".
