Tras los rechazos a los vetos y la ratificación de los proyectos originales, el Gobierno dispuso suspender la aplicación de las leyes hasta que el Congreso asigne fondos específicos en el Presupuesto Nacional, como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad.
Nacionales21/10/2025
Admin
l Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, aunque su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
Este martes se oficializó la medida a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. Las disposiciones alcanzan a la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente; y a la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por un año.
Argumentos del Poder Ejecutivo
Según el Gobierno, ambas legislaciones fueron suspendidas debido al impacto fiscal que generarían sobre las cuentas del Estado. En los decretos se señala que el Congreso no especificó las fuentes de recursos necesarias para cumplir con las erogaciones que implican, lo cual contraviene lo establecido en la Ley N° 24.156.
De este modo, las normas promulgadas no entrarán en vigencia hasta que se apruebe un presupuesto que contemple los fondos requeridos.
Universidades
Ley de financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada tras el rechazo del veto presidencial y busca sostener el presupuesto de las universidades públicas, garantizar la actualización de los gastos de funcionamiento y recomponer los salarios del personal docente y no docente.
Entre sus puntos principales, dispone que los gastos de funcionamiento se actualicen automáticamente cada dos meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
El decreto detalla que, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la variación del IPC fue del 34,89%, lo que representa un costo adicional estimado de $123.358 millones. Para 2025, el costo total estimado asciende a $1,06 billones, y para 2026, a $2,00 billones.
En materia salarial, la ley ordena que los sueldos del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC. Según el Gobierno, los salarios aumentaron un 128,49% desde diciembre de 2023, frente a una inflación del 220,45%, por lo que sería necesario un incremento del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.
Además, dispone que las sumas no remunerativas sean incorporadas al salario básico, lo que implicaría un aumento adicional del 37,55% para personal no docente, con un costo estimado de $178.984 millones en 2025 y $490.459 millones en 2026.
La ley también prevé la recomposición automática de las becas estudiantiles, incluyendo los programas Manuel Belgrano y Progresar, cuyo cumplimiento representaría un gasto adicional de más de $149 mil millones.
Hospital Garrahan
Ley de emergencia pediátrica
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica busca garantizar el acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud infantil, asegurar el funcionamiento de los hospitales públicos pediátricos y fortalecer las residencias médicas.
Entre sus puntos más destacados, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición salarial inmediata del personal que trabaja en el área pediátrica. También contempla la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en el sector público y privado.
El costo fiscal estimado para la implementación asciende a $196.270 millones, cifra que —según el decreto— supera la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, el cual presenta un déficit de $102.400 millones.
El Ejecutivo advierte que una reasignación de esa magnitud equivaldría al 30% del total de subsidios destinados a medicamentos y tecnología sanitaria, y al 60% del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.
Antecedente reciente y fundamentos oficiales
Esta postergación se suma a lo ocurrido hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya aplicación también fue suspendida.
En septiembre, el Gobierno había vetado la ley de emergencia pediátrica al considerar que “bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad”. (Infobae)
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