Juicio por jurados: senadores recibieron aportes al proyecto de reforma

Este miércoles por la mañana en la Sala de Comisiones, segundo piso de casa de Gobierno, encabezaron el encuentro de trabajo la presidenta de la Comisión de Legislación General, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), y el titular de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), quien manifestó que “la idea, como venimos haciendo, es escuchar todas las voces”.

Presentes en la reunión conjunta estuvieron los senadores Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú- Juntos Por Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación -Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano -Más Para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos), y Martín Oliva (Uruguay- Más para Entre Ríos).

En el encuentro fue analizado el proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo, y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde se modifican los artículos 2º; 46 y 96 de la Ley Nº 10.746. Se establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, junto con los delitos conexos que con ellos concurran, los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados cuando al menos uno de ellos tenga prevista una pena máxima en abstracto de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. La integración con jurados es obligatoria e irrenunciable. Asimismo, se legisla sobre remuneración y gastos y la conservación del cargo de las personas que sean designadas como integrantes de jurados titulares o suplentes, que serán remuneradas por la labor desempeñada inmediatamente luego de finalizado el juicio, con una suma equivalente a la cantidad de JUS (conforme Ley Nº 9005) que determine el Superior Tribunal de Justicia mediante reglamentación, por cada día de trabajo desempeñado, incluyendo la audiencia de voir dire. Ningún jurado podrá percibir menos de dos (2) JUS por cada día de servicio. Todos los jurados tendrán derecho al reconocimiento de los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos, si correspondieren, los cuales serán cubiertos por el Poder Judicial.

Cabe recordar que el Procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, la semana pasada ante los senadores  informó que en la actualidad hay 190 casos pendientes de resolución con esta modalidad, que demandarían entre 7 y 9 años a un ritmo de entre 20 a 30 juicios por jurados por año. García había expresado su postura a favor del proyecto con media sanción.

Aportes 

Representantes de distintas organizaciones habían pedido expresarse ante las comisiones que analizan el proyecto de ley en el Senado. Estuvieron presentes la titular de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (VIDAER), Carla Cusimano, junto a María de los Ángeles Lencina, madre de un joven que fue asesinado y su caso fue el primero en realizarse con la modalidad de juicio por jurados en Entre Ríos; el  vicepresidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, José Ostolaza; el presidente de la Asociación Pensamiento Penal distrito Entre Ríos (APP), Miguel Ángel Cullen; el director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Julián Alfie, y el representante de la Filial Entre Ríos de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), Elvio Garzón.

En primer lugar, Cusimano agradeció a los senadores atender el pedido realizado para ser escuchados, y se refirió a los 21 años de labor de VIDAER. En este sentido defendió al sistema de juicio por jurados por su “imparcialidad e igualdad”. A su turno, Julián Alfie comentó que el Instituto que representa “hace 35 años trabaja con distintas provincias del país”, y con respecto al proyecto de ley se manifestó en “perspectiva política, jurídica, por inconstitucional, y mirada organizacional”, señalando que 13 provincias tienen leyes de juicio por jurados, y que “están en juego dos modelos de justicia”. Posteriormente tomó la palabra el juez de Garantías Garzón, quien luego de entregar por escrito sus argumentos a los senadores presentes, se centró en la demora de los juicios, en tanto desmintió la falta de infraestructura para realizarlos. Puso el acento en que “la sociedad respeta y confía en el juicio por jurados”, y adhirió a lo inconstitucional de la reforma.

Los abogados Cullen y Ostolaza también defendieron el juicio por jurados por “la necesidad de ser juzgados por nuestros pares”. Ostolaza indicó que en la costa del Uruguay “no hay cuello de botella” en la implementación de esta modalidad. Por último, María de los Ángeles Lencina habló de “esperanza” con respecto al juicio por jurados que atravesó y obtuvo condena, bregando para que más familias tengan esta oportunidad.

Aportes de la Secretaría de Justicia

Los senadores posteriormente recibieron al Coordinador General de la Secretaría de Justicia, Alejandro Weber. “Entendemos que esta reforma es necesaria y oportuna porque nos da la posibilidad de adaptar la normativa provincial a estándares constitucionales y convencionales, a las exigencias de la Constitución y tratados internacionales sobre Derechos Humanos”, expresó Weber. En este sentido manifestó que “en su redacción actual se genera un problema y es que son muchísimas las causas que arriban al sistema de juicio por jurados y eso genera un cuello de botella con poca capacidad de respuesta, lo que genera demoras que afectan dos garantías básicas como es el acceso a la justicia y el plazo razonable”, en tanto “es deber del Estado resolver en tiempo y forma”.

Los miembros de las comisiones luego de escuchar a todos los invitados, acordaron continuar trabajando este proyecto de ley.