Universidades fueron invitadas a debatir el proyecto de Transparencia y Ética Pública

Sumado a esto, durante este martes, integrantes de la cartera sanitaria de la provincia presentaron frente a la comisión de Salud, los principales ejes del Plan de Salud de Entre Ríos.

En la oportunidad, fueron invitados Gustavo Tarragona, director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad Teresa de Ávila (UCA); Sandra Arito, decana de la Facultad de Trabajo Social (UNER). Por su parte, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL), enviará sus aportes por escrito.

Al respecto, la diputada Gabriela Lena expresó: “Hoy la idea fue trabajar con el sector académico. Creemos que es necesario contar con su mirada en cada una de las leyes que tratamos y eso es lo que estamos intentando hacer”. Asimismo, Lena explicó que esta ley es un claro ejemplo de lo que el Estado provincial le quiere transmitir a los ciudadanos: “Necesitamos transparentar, darle un sentido a la sociedad de cómo cambia la política y entender que los funcionarios estamos para servir, esa es la premisa de ética que tenemos que cumplir”.

Por su parte, Gustavo Tarragona manifestó: “Para nosotros es importante aportar y desmenuzar este proyecto de ley y, a partir de ahí, hacer algunas reflexiones y sugerencias. Con las demás instituciones, nos une la preocupación por la calidad de la democracia y , desde ahí, realizar aportes para revalorizar el rol de la política en nuestra vida cotidiana.

Sobre el proyecto

La ley tiene por objeto regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública. Establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido popularmente, en forma permanente o transitoria, por concurso o por cualquier otro medio legal de acceso, sea honorario o remunerado, al servicio o en nombre del Estado provincial, en cualquiera de sus tres poderes, órganos de control, entes autárquicos, descentralizados, empresas, organismos, reparticiones u oficinas de cualquier naturaleza, comprendiendo también a los municipios, comunas, juntas de gobierno y cualquier otro organismo y/o empresa o entidad de derecho público o de derecho privado, con participación mixta, mayoritaria o minoritaria, de la que el Estado provincial, municipal o comunal se valga para sus actividades, cometidos u objetivos públicos, sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones particulares o similares para algunos funcionarios y empleados públicos en particular.

Plan Entrerriano de Salud

También, durante este martes, integrantes de la cartera sanitaria de la provincia presentaron los principales ejes del Plan de Salud de Entre Ríos.

Para dicha instancia, fueron invitados Guillermo Grieve, ministro de Salud de la Provincia; Romina Sirotta, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud; Marina Alegre, directora general de Recursos Humanos de Hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En ese sentido, el diputado y presidente de la comisión de Salud, Silvio Gallay, explicó: “Tuvimos el primer encuentro de la comisión e invitamos a integrantes del Ministerio de Salud de la provincia porque entendemos que es necesario conocer cuál es su plan y que herramientas normativas necesita”.

El ministro de salud de Entre Ríos, Guillermo Grieve, dijo: “el principal objetivo es que cada entrerriano, en cualquier lugar de la provincia, pueda recibir la atención y el diagnóstico adecuado”.

Además, el funcionario detalló qué leyes necesita el área de salud. “En primer lugar, la ley 5.140 relacionada a las compras que se realicen para mejorar los servicios en salud: necesitamos agilizar los procesos de gestión y adquisición de insumos. En segundo lugar, 9.892 que regula el régimen de carga laboral de los trabajadores en salud. En tercer lugar, necesitamos la Ley de Residencias y, por último, teniendo en cuenta que hicimos un contrato macro con las mutuales enviamos una ley para saber cómo cobrar y cuando y en el caso de que no se cumpla, poder darle intervención a la Fiscalía de Estado”.