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El proyecto busca consolidar el proceso de transformación digital que el Gobierno provincial viene llevando adelante mediante la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), la firma digital y el crecimiento de Mi Entre Ríos, que ya cuenta con más de 100.000 usuarios y permite acceder a más de 50 trámites y servicios provinciales.
El objetivo es que relacionarse con el Estado sea cada vez más simple: realizar trámites desde cualquier lugar, evitar traslados innecesarios y no volver a presentar documentación que el propio Estado ya posee. Para ello, incorpora el principio de "una sola vez", que permite a los organismos reutilizar e intercambiar información de manera segura.
Menos papel y reglas para la era digital
La iniciativa promueve la sustitución progresiva de expedientes físicos por documentos digitales, reconoce la eficacia jurídica de la firma digital y electrónica e incorpora las notificaciones digitales. También establece un marco integral para sostener y profundizar el proceso de transformación que ya está en marcha.
A su vez, actualiza las reglas para que la Provincia pueda contratar tecnología de acuerdo con las modalidades actuales del mercado, como servicios de correo electrónico, almacenamiento en la nube, licencias, suscripciones y software como servicio, manteniendo mecanismos de control y resguardo del interés público.
"No estamos haciendo una ley para comprar tecnología. Estamos construyendo las reglas para que el Estado pueda funcionar en la era digital", señalaron desde el Gobierno provincial.
Seguridad, datos e inteligencia artificial
El proyecto establece que las bases de datos públicas son activos bajo titularidad, custodia y gestión estatal e incorpora principios de seguridad, confidencialidad, trazabilidad y protección de datos personales.
También fija criterios para la incorporación responsable de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, con pautas de transparencia, auditoría, supervisión humana y prevención de sesgos.
Una ley construida con aportes
Durante su tratamiento, el proyecto fue enriquecido con aportes de distintos sectores. A partir de las propuestas de UPCN, se incorporó un artículo que garantiza que la transformación digital no afectará los derechos de los trabajadores del Estado y establece el compromiso de brindar capacitación y herramientas para acompañar el proceso.
También se incorporaron aportes de diputados del bloque de La Libertad Avanza que contribuyeron a mejorar el texto que obtuvo media sanción.
La implementación será progresiva y mantendrá canales de atención presencial, especialmente para adultos mayores, personas con discapacidad, ciudadanos sin conectividad y habitantes de zonas rurales.
La Ley de Transformación e Innovación Digital busca convertir este proceso en una política de Estado, con menos papel y burocracia y más herramientas para construir un Estado simple, seguro y cercano a los entrerrianos.
