Se analizaron modificaciones al proyecto sobre Transparencia y Ética Pública

Este miércoles se desarrolló una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde se abordaron cambios a la iniciativa del Poder Ejecutivo, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La semana próxima continuará el trabajo en comisión.
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En la Sala de Comisiones del Senado, segundo piso de Casa de Gobierno, el encuentro estuvo encabezado por los presidentes de ambas comisiones, Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón), y Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos). Asimismo fueron parte los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Hacer Futuro), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos) y Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos).

Por casi dos horas los legisladores escucharon las modificaciones propuestas a varios artículos del proyecto, y dialogaron sobre las mismas.

Al finalizar el encuentro, Miranda señaló que “estamos trabajando sobre varias modificaciones que están proponiendo los diferentes bloques, que se vienen trabajando tanto con el Ejecutivo como con cada uno de los legisladores”.

Por su parte, el senador Cosso manifestó: “Retomamos el debate en ambas comisiones, teniendo en cuenta que se estaba por votar el proyecto como había venido de Diputados y ahora se ha accedido a seguir trabajando en algunas modificaciones”. Al respecto, indicó que se plantearon “algunas cuestiones referentes a lo que son las presentaciones de declaraciones juradas de los funcionarios, cómo tiene que ser el contenido, lo relacionado a los bienes, a los activos financieros, bienes muebles, inmuebles, quienes son los sujetos comprendidos que está más amplio, y la parte conocida como ficha limpia hemos consensuado con la regla del doble conforme”, aclaró el legislador.

El titular de Asuntos Constitucionales y Acuerdos comunicó que “las modificaciones planteadas serán analizadas por el oficialismo y la semana que viene nos volveremos a reunir, para tratar de consensuar un dictamen conjunto”.

Cabe recordar que el proyecto de ley sobre Transparencia y Ética Pública elaborado por el Poder Ejecutivo, cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa consta de 42 artículos. Reglamenta los Artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos y tiene por objeto regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública. Tiene como finalidad brindar publicidad, transparencia y ficha limpia de las personas humanas y de sus actos jurídicos. Establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de sus tres poderes sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones particulares o similares para algunos funcionarios y empleados públicos en particular.

Organizada en títulos y capítulos, ordena un régimen de declaraciones juradas patrimoniales, refiere a las incompatibilidades y conflicto de intereses con el ejercicio de la función pública. Se estipula que no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean consistentes en cosas, servicios o de otra índole, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. Asimismo, se contemplan incompatibilidades, inhabilidades y remuneraciones. Se establece la creación del “Observatorio Asesor de la Ley de Ética Pública”, cuyo objetivo será promover el cumplimiento, ejecución y monitoreo de la ley de ética pública, y, dependerá de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia. También se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, la Oficina de Ética Pública, bajo dependencia del Ministerio de Gobierno y Trabajo, quien será autoridad de aplicación de la presente ley para los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo provincial, sus entes centralizados, descentralizados, autárquicos, empresas del estado, órganos autónomos de control y sociedades con participación estatal.

 

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