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Donda explicó que "durante el año 2024, en el marco del seguimiento administrativo y técnico de los procesos de adquisición de bienes y servicios, comenzaron a advertirse inconsistencias y diferencias significativas entre los presupuestos oficiales aprobados y los precios cotizados por oferentes en diversos expedientes de contratación directa, licitaciones privadas y cotejos de precios".
Y agregó que, ante esta situación, las autoridades dispusieron medidas administrativas correctivas, como "cambios de responsables de áreas, modificaciones en los procedimientos y mayor publicidad de los llamados, lo que permitió obtener ofertas considerablemente inferiores a los presupuestos oficiales previstos".
Esto llevó a revisar contrataciones ya finalizadas, donde se advirtieron posibles sobreprecios en bienes adquiridos por el Estado. Según se indicó, en la maniobra estarían implicados tanto agentes de la DPV como algunos proveedores, y no se descarta que se detecten situaciones similares en otras dependencias del organismo, lo cual actualmente es materia de investigación.
La presentación judicial se suma a otras medidas ya implementadas por la actual gestión de Vialidad Provincial en pos de la transparencia y el cuidado del patrimonio estatal, como el control estricto en el otorgamiento de viáticos, el consumo de combustible y otros aspectos sensibles de la administración.
Por otra parte, Donda dijo que las irregularidades "son anteriores a que nosotros asumamos y algunos siendo yo director. Inmediatamente que las detectamos, las denunciamos". Y sobre el personal involucrado dijo que "están siendo investigados, son personal de carrera del organismo, que venían de antes de mi gestión y continuaban en el mismo lugar porque desde que llegué dije que llevaría adelante Vialidad, con ellos. Deposité la confianza en todas las personas que ya venían trabajando, acá en Vialidad hay gente muy buena y quien no lo es, pasará esto, será denunciado".
Allanamientos
A partir de las denuncias realizadas por la DPV, este martes se realizaron 15 allanamientos por parte de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, odenadas por el fiscal Gonzalo Badano, con el fin de recolectar documentación, equipos informáticos y pruebas relacionadas con la compra de suministros.
Los operativos se concretaron en nueve domicilios de Paraná, dos en Santa Fe, dos en Córdoba y dos en Buenos Aires.
