En Paraná se realizó una contundente Marcha Universitaria con criticas al Gobierno nacional y provincial

Además criticaron al gobernador Rogelio Frigerio de “aceptar el recorte de la coparticipación a las provincias”. Participó Agdu, Frente UNER, Franja Morada, Conicet Paraná, Sitradu y el MNR, entre otros sectores.

En reclamo a que se cumpla Ley de Financiamiento y a su vez evitar el veto del Presidente, distintas agrupaciones universitarias se reunieron en Plaza Mansilla por segunda vez en el año.

 
En la entrada a Casa de Gobierno se leyó un documento en el que se inició con una critica al accionar del Gobierno Nacional: “solo apunta a su privatización sin ofrecer ninguna mejora al sistema educativo público y gratuito, derecho que nuestro pueblo supo construir y que la política de la crueldad nos quiere arrebatar”

 
En cuanto a datos que reflejan la crisis de presupuesto, se indicó que un docente universitario que se inicia cobra $158 mil pesos y un trabajador no docente $485 mil. “La comunidad universitaria está siendo fuertemente golpeada, los docentes, el personal administrativo y de servicio de nuestras casas de estudio no reciben un real aumento de sus salarios, estando así por debajo de la línea de indigencia”

Asimismo alertaron sobre los ajustes en las becas. “Las Becas Progresar, recién en este mes de octubre, aumentarían a $35.000, con cada vez más requisitos para su acceso. Además, la beca provincial del Instituto Becario (Inaubepro) es de $16.000. Las becas de formación en gestión de la UNER están en $40.000 desde septiembre de este año y en UADER $6.000. En este contexto es insuficiente entendiendo que entre gastos de luz, internet, alquiler y comida un estudiante debe contar en su bolsillo con $450.000 como mínimo para poder vivir”. 

 
A su vez consideraron como “excusa” de que “no hay plata”. “Vemos que se aprueban quita de impuestos a las grandes riquezas, que se aprueban blanqueos exorbitantes y se les entrega toda la soberanía de nuestro país a empresas multinacionales y extractivistas con el RIGI y el RINI” y agregaron “todo eso para garantizar un déficit cero mentiroso porque se hace solo para pagar la deuda y pedir más préstamos para fugarla”, a costa del ajuste brutal a la ciencia, a la universidad, a la salud, a la educación y a los trabajadores en su conjunto”.

Otros de los criticados fue el Gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio: “Se pasea por la UADER diciendo qué tan importante es la educación para su gestión, acepta el recorte de la coparticipación a las provincias, recrudeciendo las problemáticas históricas que tenemos en nuestra universidad como la falta de condiciones dignas de cursado, arrastrándonos a cobrar una mísera beca, alejándonos de la posibilidad del edificio propio que ningún gobierno nos dio y profundizando la deserción de cientos de compañeros”.

 
Además de mejoras salariales, solicitaron la “inmediata” restitución del Fonid y del pago de Conectividad a nivel nacional para el personal docente en los niveles inicial, primario, medio y preuniversitario y “no que quede supeditado a la voluntad de los gobernadores de turno para reemplazarlo”. 

 
Por ultimo hicieron mención a la situación de los sectores científicos, tecnológicos y de investigación nacionales: “Este gobierno incumple la Ley de Financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación promulgada en 2021, desfinanciado y recortando la inversión en ciencia, empobreciendo en más de 25% a sus trabajadores, además de que mantiene retenidos los fondos para la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación”. 

 
A modo de explicación, indicaron que gran parte de estos fondos provienen de préstamos internacionales como del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por lo que manifestaron: “No puede ser que esos 53 millones de dólares están inmovilizados en cuentas bancarias mientras nuestras investigaciones se paralizan”. (APFDigital)

 
Documento completo

 
Hoy nos encontramos nuevamente a 5 meses de esa histórica Marcha Federal Universitaria, salimos de nuevo a defender nuestra educación pública, que continúa en estado de emergencia presupuestaria y salarial, que sigue siendo golpeada por el Gobierno Nacional que solo apunta a su privatización sin ofrecer ninguna mejora al sistema educativo público y gratuito, derecho que nuestro pueblo supo construir y que la política de la crueldad nos quiere arrebatar. Pero no nos van a arrebatar nunca la lucha, ni la historia, esta marcha se está replicando en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, Villaguay, también a lo largo y ancho del país, para decirle al gobierno nacional que este pueblo se organiza, resiste y lucha en unidad por todos los derechos que hemos conquistado y que son nuestros.

 
En esta pelea por defender nuestros derechos que están siendo amenazados, no vamos a dejar de denunciar la coyuntura actual y el contexto sociopolítico que es cada vez más difícil de sobrellevar.

 
El Pueblo está siendo atacado en múltiples planos, económico, financiero y también está siendo cuestionada la legitimidad de lo público. El gobierno habla de “adoctrinamiento” porque no acepta al pensamiento crítico, por eso avanza en el desprestigio de la investigación y ciencia, la denigración de estudiantes, docentes y las reiteradas humillaciones de todo lo que se oponga a su visión fascista.

 
Según los datos del INDEC, 25 millones de personas son pobres, es decir, un 52,9%. En un año tenemos más de 5 millones de nuevos pobres, con un acumulado de un 94% de inflación. La situación es crítica en cada área de trabajo, el salario mínimo no llega ni a los $300 mil pesos, los despidos masivos continúan y las jubilaciones son de miseria.

 
Los reclamos más que justificados de trabajadores y jubilados solo reciben una respuesta: el protocolo Bullrich con brutales represiones y despliegues exorbitantes, con detenciones arbitrarias, gases, palos y balas de goma para garantizar que la verdadera casta siga aplicando el ajuste y las reformas estructurales que nos someterán a más explotación laboral mientras que los sectores concentrados ganan cada vez más.

 
La excusa de que “no hay plata” se muestra insostenible cuando vemos que se aprueban quita de impuestos a las grandes riquezas, que se aprueban blanqueos exorbitantes y se les entrega toda la soberanía de nuestro país a empresas multinacionales y extractivistas con el RIGI y el RINI. Todo eso para garantizar un déficit cero mentiroso porque se hace solo para pagar la deuda y pedir más préstamos para fugarla, a costa del ajuste brutal a la ciencia, a la universidad, a la salud, a la educación y a los trabajadores en su conjunto.

 
La comunidad universitaria está siendo fuertemente golpeada, los docentes, el personal administrativo y de servicio de nuestras casas de estudio no reciben un real aumento de sus salarios, estando así por debajo de la línea de indigencia.  Hoy un docente universitario que se inicia cobra $158 mil pesos y un trabajador no docente $485 mil.

 
Las becas que reciben les estudiantes no se equiparan con el valor de los alquileres, el transporte y la comida; alcanzando solamente para sobrevivir un par de días. Todo esto es inaceptable y no vamos a quedarnos en silencio.

 
Los ajustes en las becas son alarmantes. Los precios suben y las becas no alcanzan. A la pérdida de poder adquisitivo de las becas Progresar y Manuel Belgrano, se suman recortes en los montos, requisitos y períodos de inscripción. Las Becas Progresar, recién en este mes de octubre, aumentarían a $35.000, con cada vez más requisitos para su acceso. Además, la beca provincial del Instituto Becario (INAUBEPRO) es de $16.000. Las becas de formación en gestión de la UNER están en $40.000 desde septiembre de este año y en UADER $6.000, en este contexto toda beca es insuficiente, entendiendo que, entre gastos de luz, internet, alquiler y comida une estudiante debe contar en su bolsillo con $450.000 como mínimo para poder vivir.

 
Y mientras Frigerio se pasea por la UADER diciendo qué tan importante es la educación para su gestión, acepta el recorte de la coparticipación a las provincias, recrudeciendo las problemáticas históricas que tenemos en nuestra universidad como la falta de condiciones dignas de cursado, arrastrándonos a cobrar una mísera beca, alejándonos de la posibilidad del edificio propio que ningún gobierno nos dio y profundizando la deserción de cientos de compañeros.

 
Las y los estudiantes, además de estudiar, trabajamos y cuidamos de nuestras familias. En este contexto, las políticas de becas son fundamentales para democratizar el acceso a la educación. Todos los días vemos como las aulas se vacían. Debemos elegir entre trabajar o estudiar, ya que hoy en día estas dos prácticas son incompatibles y no tenemos ninguna política pública universitaria real que atienda esta problemática y acompañe los tránsitos universitarios en su multiplicidad.

 
Nuestres compañeres han dejado sus estudios a mitad de carrera porque no pueden sostenerse en el sistema. Y a todo esto, la respuesta es ¿Menos financiamiento y más ajuste? ¿Arancelamiento de la educación? Nosotres sostenemos que no.

 
Repudiamos la idea de que la educación es un servicio esencial, porque la educación es un derecho humano fundamental, que debe contrarrestar las desigualdades estructurales de nuestra sociedad.

 
La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que enfrentan despidos masivos y condiciones similares o peores.

 
Que les docentes universitarios estén llevando a cabo la gran tarea de enseñar con sueldos que no les alcanzan para vivir, es desmerecer a les trabajadores de la educación y al sistema universitario argentino que tanto orgullo nos da. Desfinanciar la educación, la investigación y la extensión es no apostar a la formación de profesionales argentinos y argentinas, capaces de construir un país mejor y es condenar el futuro de nuestra Nación.

 
Como lo venimos mencionando, la situación que atraviesa la comunidad universitaria en general es crítica: los aumentos en transporte, la quita de subsidios, alquileres desregulados y la falta de una ley de alquileres o residencias estudiantiles suficientes que contemplen esta necesidad. Además, no hay leyes que regularicen los precios de los alimentos, los cuales están por las nubes y golpean el bolsillo de los estudiantes.

 
Denunciamos al Gobierno Nacional y Provincial, y exigimos que se hagan cargo de la emergencia salarial de nuestras universidades y que se responsabilicen de garantizar presupuesto. Como comunidad educativa debemos darnos la tarea de pelear por una nueva Ley de Educación Superior, que desmonte la lógica mercantilista de la actual ley que acorta planes de estudios y nos obliga a pagar posgrados para completar nuestra formación.

 
La situación que atraviesa la Universidad es crítica, pero no solo es el sistema educativo, sino también el de la Salud Pública y el de la Ciencia y Tecnología, que se ven fuertemente golpeados.

 
Nos encontramos con una situación que frena el funcionamiento regular del sistema educativo y científico: falta de acuerdos paritarios, suspensión total de obras de infraestructura, la no renovación de sistemas nacionales becas, la eliminación del Fondo de Incentivo Docente y la devaluación de más del 70% y no actualización del presupuesto y salarios universitarios. Esta situación nos alerta del clarísimo proceso de vaciamiento, privatización e incluso cierre de nuestras instituciones educativas y científicas. El mismo poder ejecutivo que relegó el carácter ministerial de educación y ciencia a secretarías, es responsable de este inminente riesgo.

 
Sabemos bien que sus prioridades no tienen nada que ver con este pueblo. Pero también sabemos y decimos que no hay presente ni futuro sin ciencia y educación pública, y que necesitamos fortalecerlas para resolver gran parte de los problemas estructurales de este país.

 
Sabemos también que esto es posible porque hay gobernadores cómplices. En este marco, Rogelio Frigerio ha sido garante de la pérdida de derechos en la educación y lo propio hace en la provincia de Entre Ríos. Mientras busca adherir al RIGI, impulsa un Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y busca transformar en ley las buenas prácticas agrícolas, que solamente son buenas para la economía del sector concentrado del agro, ese que fumiga y desprotege las escuelas rurales, ajusta a la educación con una reforma previsional inédita, hace silencio frente a la quita del FONID y el presupuesto para conectividad. A su vez, corta el diálogo con conciliación obligatoria, extorsiona con pedidos de declaraciones juradas, recorta becas INAUBEPRO y descuenta días de paro, en vez de reclamar la coparticipación federal necesaria para poder darle un presupuesto acorde a la UADER y toda la educación pública.

 
Que ningún trabajador ni trabajadora esté por debajo de la línea de pobreza. Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales, tanto para docentes como no docentes, así como el espacio paritario nacional con plena participación del gobierno. Hasta el momento, la intervención gubernamental ha sido inadecuada, imponiendo aumentos insuficientes de manera unilateral. Este accionar no solo desvirtúa, sino que en la práctica cancela la negociación colectiva, un pilar fundamental del diálogo social y uno de los principios y derechos esenciales del trabajo, reconocido por la OIT.

 
Exigimos paritarias libres y sin techos, que garanticen salarios acordes a la situación inflacionaria y permitan recuperar, de manera urgente, lo perdido en términos de poder adquisitivo. Sin salarios dignos para docentes y no docentes, la universidad pública se vuelve insostenible.

 
Asimismo, es indispensable mejorar de manera urgente la situación de las jubiladas y los jubilados, quienes atraviesan una nueva etapa de pérdida salarial.

 
Además, exigimos la inmediata restitución del FONID y del pago de CONECTIVIDAD a nivel nacional para el personal docente en los niveles inicial, primario, medio y preuniversitario, y no que quede supeditado a la voluntad de los gobernadores de turno para reemplazarlo.

 
Por otra parte, los sectores científicos, tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de la historia. A través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo. Nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto al valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen sus arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva. La ciencia y la tecnología forman parte de la universidad pública, ya que la investigación es uno de sus pilares fundamentales.

 
Históricamente atacados, nuestros científicos han sido obligados a exiliarse en los ‘60 con la noche de los bastones largos, Cavallo los mandó a “lavar los platos” en los ‘90, y hoy se nos acusa de “canallas” y “ratas”. De igual manera, quienes estamos en el Sistema Científico apostamos a producir ciencia por y para el pueblo, con nuestras convicciones firmes en que nuestra actividad no es un gasto, sino una inversión para un futuro socialmente justo.

 
Necesitamos mayor presupuesto para una ciencia que transforme el modelo productivo vigente que es contaminante, extractivista, que en nuestra provincia expulsa a la ruralidad, quita el derecho a la educación y salud a las y los estudiantes de escuelas rurales por fumigarlos, profundizando la desigualdad, la pobreza y el desempleo.

 
Este gobierno incumple la Ley de Financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación promulgada en 2021, desfinanciado y recortando la inversión en ciencia, empobreciendo en más de 25% a sus trabajadorxs, además de que mantiene retenidos los fondos para la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

 
Gran parte de estos fondos provienen de préstamos internacionales como del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, destinados específicamente al financiamiento de la ciencia y la tecnología en Argentina. No puede ser que esos 53 millones de dólares están inmovilizados en cuentas bancarias mientras nuestras investigaciones se paralizan.

 
Este recorte del 65% en el presupuesto de la Agencia, mientras los fondos internacionales están disponibles, es una injusticia y exigimos su liberación. El dinero está, proviene de acuerdos con organismos multilaterales para impulsar la ciencia, pero no se libera.

 
Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre la desigualdad. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente, y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace a la sociedad del conocimiento.

 
Con más inversión en ciencia y tecnología, queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía.

 
Estamos en momentos donde necesitamos la más amplia unidad para derrotar este plan económico de Milei y Caputo que nos condena a ser estudiantes y trabajadores pobres.

 
La ley de financiamiento universitario supone una recomposición para el funcionamiento y aumento de salarios, y la conseguimos gracias a la lucha de los movimientos estudiantiles, docentes, no docentes y de los diversos sectores demostrada en la masiva movilización del  23 de abril.

 
Por eso tenemos que continuar y profundizar este camino de organización intersectorial para frenar los embates de este gobierno que ya anunció su veto y un presupuesto 2025 con una quita del 35% en universidad y hasta 60% en ciencia y tecnología. Por eso gritamos:

 
¡La Ley de Financiamiento Universitario NO SE VETA!

 
Y a Milei y a toda la clase dirigente le decimos que ¡no los dejaremos tranquilos hasta que la ley se cumpla y nos tendrá en lucha, en las calles y en unidad frente a sus políticas de ajuste y crueldad! Frente al veto anunciado, le exigimos a los diputados y senadores que no le den la espalda al pueblo, y a aquellos que defraudaron a los jubilados, sepan que los conocemos y los estamos mirando.

 
La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla. ¡Viva la universidad pública y gratuita!.