El senador provincial Rubén Dal Molín (JxER) se refirió al reclamo judicial de 175 millones de dólares en excedentes de Salto Grande, presentado por el gobernador Rogelio Frigerio. Destacó que esta acción debió haberse realizado “hace muchísimo tiempo”, marcando una clara diferencia con las gestiones del anterior gobierno provincial.
Los Gobernadores de Juntos por el Cambio que resultaron electos para el ciclo 2023-2027 se reunieron, con Rogelio Frigerio incluido, para debatir la alianza entre Patricia Bullrich y Javier Milei anunciada este miércoles por la mañana. Como resultado, se manifestaron que fijarán una posición neutral y no apoyarán al candidato de La Libertad Avanza.
En su extenso comunicado oficial lanzado en horas de la noche del miércoles, expusieron: “Los que suscribimos este documento, gobernadores electos y en ejercicio de Juntos por el Cambio, compartimos la profunda convicción de que Argentina puede salir de la decadencia en la que está sumida y volver a ser un país próspero y pujante en el que sus habitantes puedan progresar y vivir con bienestar y en paz. Y que para lograrlo debemos ser más fieles que nunca a los valores que representamos”.
Asimismo, continuó: Nuestro posicionamiento seguirá siendo el de la defensa irrestricta de los valores republicanos, de las libertades individuales, de la libertad de expresión, de la cultura del trabajo, del mérito, la producción, el federalismo y el de una posición frente al resto del mundo que defienda el interés nacional y la democracia. Este resguardo de nuestra identidad lo haremos desde donde la sociedad nos dio mandato para hacerlo: el gobierno de 10 provincias y cientos de municipios, y la oposición en el Congreso Nacional, comprometida con contribuir a la salida del largo letargo en el que está sumergido el país, pero sin traicionar nuestra identidad ni entregarla al mejor postor”.
Por ese motivo, afirmaron: “Seguiremos siendo la principal resistencia al populismo económico que nos puso de rodillas frente al flagelo de la inflación, hija de un gobierno fiscalmente irresponsable. Seguiremos enfrentando cualquier intento de interferencia con el poder judicial y de lograr impunidad para los flagrantes hechos de corrupción de los que el pueblo fue testigo y víctima en los últimos años. Seguiremos rechazando cualquier alineamiento internacional con gobiernos dictatoriales o poco comprometidos con los derechos humanos, que alejan a la producción y el trabajo argentinos de su inserción inteligente en el mundo”.
“Pero la forma de hacerlo es reafirmando los valores fundacionales de Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional y las provincias, y no entregando nuestra identidad al alquimista de turno. Nos van a encontrar siempre defendiendo la educación pública, y el acceso de todos los argentinos a una salud de calidad. No vamos a contribuir a una mayor pulverización del ingreso de nuestra gente forzando una dolarización sin dólares mediante una agresiva devaluación de nuestra moneda”, señalaron.
En esa medida, prosiguieron: “Seguiremos trabajando incansablemente para recuperar la confianza de los ciudadanos y constituirnos nuevamente como la alternativa más sólida, que presente al mejor candidato presidencial en 2027. Nuestros 10 gobernadores y cientos de intendentes trabajarán para ser modelos de gestión eficiente en todo el país. Y nuestros senadores y diputados nacionales serán la garantía de control republicano y de desarrollo económico en el congreso siguiendo las políticas públicas que siempre defendimos”.
Acerca de los objetivos que tienen por delante como interés común, explicaron: “Estabilizar la economía es la precondición indispensable para volver a un sendero de crecimiento y desarrollo. No es posible producir, generar trabajo y progresar con estos niveles de inflación que nos golpean a todos y perjudican aún más a los que menos tienen. Sabemos que la estabilización requiere a) un rápido ordenamiento fiscal (déficit cero en el presupuesto 2024), en el que la política debe ser la primera en hacer el esfuerzo para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas; b) una reducción impositiva compatible con el equilibrio fiscal; c) un Banco Central independiente para asegurar el fin de la emisión y defender el valor de nuestra moneda; d) una salida del cepo lo más rápido posible y la unificación de tipos de cambio; y c) un ordenamiento de los precios relativos”.
Para dicha medida, agregaron: “Vamos a combatir desde el lugar en el que nos colocó el voto de la gente al modelo actual de comercio administrado y a promover una importante desburocratización de las trabas y regulaciones que frenan el impulso de nuestras pymes y productores. Es indispensable avanzar con nuevos y más modernos regímenes de cobertura social para formalizar empleo y seguir combatiendo la industria del juicio que hace quebrar nuestras empresas, modernizar las negociaciones colectivas y habilitar fondos de cese laboral para sectores de alta rotación”.
“Nos comprometemos con dar la batalla en todos los ámbitos para iniciar el descenso sistemático de las retenciones al agro, la energía, la minería y las economías regionales hasta su eliminación total y su reemplazo por un esquema tributario que no penalice las exportaciones, sino que las promueva”, informaron.
En la misma línea, remarcaron: “Tenemos que dar un combate claro y contundente al crimen organizado, con el redespliegue de las fuerzas federales a las áreas críticas. Necesitamos cárceles de máxima seguridad para aislar a los jefes del narcotráfico y cortar así su control sobre las organizaciones delictivas. Hay que profundizar la persecución penal de los flujos de capitales y lavado de dinero, eliminando la excarcelación a los imputados por dichos delitos, y sancionar de una vez la ley de extinción de dominio para congelar los bienes de los delincuentes y así atacar el corazón de sus negocios”.
“La Argentina necesita una justicia independiente, eficaz y creíble. Tenemos que avanzar en la implementación del sistema acusatorio en la justicia penal federal y en la oralidad en juicios civiles. Vamos a promover que se complete la integración de la Corte Suprema y la designación del Procurador General. Presentaremos una ley de protección para denunciantes y testigos de casos de corrupción y la ley de ficha limpia”, manifestaron.
Por último, los gobernadores indicaron: “Nuestro deber en este momento no es determinar quien será el próximo presidente, sino reafirmar los valores fundacionales de Juntos por el Cambio, constituyéndonos como la principal oposición en el Congreso con la mayor presencia territorial en el país, dedicada a proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo el próximo 19 de noviembre, acompañando lo que contribuya a potenciar la agenda del trabajo, la producción y la República y limitando todo intento de populismo de izquierda”.
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