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La iniciativa prevé que la Nación traspase a Entre Ríos su parte en el complejo hidroeléctrico binacional a título gratuito. Este pase sería en reconocimiento del dominio originario de la provincia sobre el río Uruguay como recurso natural.
Además, contempla la estabilidad laboral y remunerativa de los actuales trabajadores de la represa. Y también el mantenimiento de la distribución de excedentes de Salto Grande a las provincias de Misiones y Corrientes como se estableció en la “Ley Maya” de 1997.
Para sustentar su planteo, Kueider recuerda dos experiencias anteriores: el traspaso a Mendoza de la presa Los Nihuiles y la transferencia a Córdoba del complejo Río Grande.
“Siguiendo la línea de experiencias que abonan la pertinencia de este proyecto, el Poder Ejecutivo llevó a cabo el análisis respecto a la posibilidad de privatización del Complejo de Salto Grande; de lo que es posible concluir que la provincialización es también viable y razonable”, arguyó el legislador nacional.
