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Este miércoles por la mañana en la sala de comisiones ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, se reunieron en primer lugar los integrantes de la Comisión de Obras Públicas para continuar el tratamiento de un proyecto por el que se modifican artículos de la Ley N° 6.351 de Obras Públicas de la provincia de Entre Ríos.
La iniciativa fue elaborada por el Poder Ejecutivo, y los senadores habían escuchado en una reunión anterior, los aportes de funcionarios del área Legal y Técnica del Gobierno provincial. El titular de la comisión, Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos) agradeció la presencia del secretario de la Cámara de la Construcción, Gervasio Viola, y del secretario coordinador del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, Gonzalo Atencio Baridón.
Estuvieron presentes los miembros de la comisión, Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón) y Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), y acompañaron los senadores Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).
Al tomar la palabra ante los legisladores, Viola manifestó que la de Obras Públicas “es una buena ley”, en tanto reconoció “el espíritu de modernizarla”. Apuntó a los desafíos actuales donde el proceso de una obra es “burocrático y lento, genera costos e imprevisibilidad para las empresas”. Quien integra la Cámara de la Construcción señaló que “cuando la obra pública se detiene hay un deterioro de la economía y hay pérdida de capacidad de obra, que es un capital de todos los entrerrianos”. Asimismo apuntó a sostener el “compre local” y trajo a colación la delicada realidad de las obras viales. Con el proyecto de ley en análisis, “buscamos acortar plazos y agilizar las obras teniendo en cuenta un mantenimiento preventivo” de los edificios públicos como escuelas por ejemplo que demandan mucha intervención. Asimismo un punto de reclamo fue “incorporar una cantidad mínima de unidades para que las empresas asuman riesgos”, lo que será tenido en cuenta por la comisión.
Por su parte, Atencio Baridón manifestó que “tenemos relevado que la demanda garantiza procesos”. En este sentido defendió los cambios propuestos en la iniciativa legislativa y calificó al esquema como “virtuoso”, en tanto apuntó a bajar costos y que las empresas privadas más chicas puedan involucrarse en los procesos de obra.
Tras escuchar los planteos, los senadores de la comisión acordaron continuar trabajando en el texto en próximas reuniones.
Las reformas propuestas
El artículo 1º introduce una innovación relevante, según el Poder Ejecutivo, al prever que determinadas tareas de reparación y refacción de bienes inmuebles, cuando no superen ciertos umbrales económicos, puedan tramitar bajo el régimen de contratación de bienes y servicios. Por su parte, la modificación del artículo 4º amplía las posibilidades de ejecución de obra pública en función de la diversidad de relaciones jurídicas de derecho público existentes. De este modo, se supera una concepción restrictiva vinculada casi exclusivamente al dominio estatal, habilitando la intervención sobre inmuebles respecto de los cuales la Administración ostente posesión, tenencia o derechos reales de uso o servidumbre, siempre que medie un interés público comprometido. Esta ampliación resulta indispensable para facilitar la ejecución de políticas públicas en coordinación con otros niveles de gobierno o en el marco de esquemas de cooperación institucional.
La reforma del artículo 10º introduce, básicamente, sistemas de contratación destinados a la conservación de la obra pública, a través de la contemplación de los conocidos como contratos CReMa (Contratos de Recuperación y Mantenimiento) y el sistema abierto de contratación. En cuanto a la modificación del artículo 12º, se sistematizan y precisan los supuestos de excepción al principio de licitación pública, actualizándolos. La norma mantiene el principio general como regla, pero adecua los supuestos excepcionales a las necesidades operativas de la Administración, contemplando situaciones de urgencia, especialidad técnica, cooperación interadministrativa y financiamiento internacional, entre otras, en línea con estándares modernos de contratación pública.
Finalmente, la reforma del artículo 57º introduce un régimen claro y preciso en materia de pago de certificados y liquidación de intereses, con el objetivo de otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a las partes. Se establecen plazos ciertos para el pago, se determina el momento a partir del cual se configura la mora automática y se regula expresamente el cálculo de intereses, su liquidación y los supuestos en los que no corresponde su reconocimiento. Asimismo, se incorpora la prohibición de capitalización de intereses, evitando distorsiones financieras, y se contemplan situaciones en las que la mora resulte imputable al contratista, excluyendo en tales casos el derecho al cobro de intereses.
Cargos en el CGE
Posteriormente se reunieron los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Tras la realización de las audiencias públicas la semana pasada, los senadores dialogaron sobre el acuerdo senatorial solicitado por el Poder Ejecutivo, y acordaron firmar los dictámenes aconsejando la aprobación de los postulantes. Participaron su titular, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), junto a Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Hacer Futuro) y Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos).
En la próxima sesión del cuerpo, los dictámenes serán puestos a consideración:
1. Acuerdo Constitucional por el que se designa a Carlos Fabricio Cuenca, DNI 33.624.743, como Director General de Escuelas de la provincia de Entre Ríos, quien ejercerá la Presidencia del Consejo General de Educación.
2. Acuerdo Constitucional por el que se designa a Mónica Soledad Masetto, DNI 26.750.800, como Vocal del Consejo General de Educación.
3. Acuerdo Constitucional por el que se designa a Damián Enrique Schmidt, DNI 28.913.318, como Vocal del Consejo General de Educación.
4. Acuerdo Constitucional por el que se designa a Gustavo Luis Blanc, DNI 23.696.414, como Vocal del Consejo General de Educación.
