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Con la aprobación definitiva, el Gobierno provincial dio un paso clave en su objetivo de ordenar un sistema previsional que registra un déficit creciente y cuya situación comprometía la posibilidad de garantizar el pago de las jubilaciones presentes y futuras.
La nueva ley declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional por el término de dos años, con posibilidad de prorrogarla por otros dos, con el objetivo de restaurar el equilibrio de la Caja, resguardar su sustentabilidad y fortalecer el financiamiento del régimen jubilatorio provincial.
Horas antes del tratamiento legislativo, Frigerio defendió la iniciativa y sostuvo que la reforma responde a un problema que durante años fue reconocido, pero nunca abordado.
"Todos sabían que si no se hacía nada la Caja explotaba y que no se iba a poder garantizar el pago de las jubilaciones presentes y mucho menos de las futuras. Faltaba coraje, determinación y compromiso. Nosotros vinimos a transformar esa realidad", afirmó.
El mandatario remarcó además que la ley no implica una reducción de los haberes de los actuales jubilados y aseguró que los resultados podrán comprobarse en las próximas liquidaciones.
"Esto no va a cambiar en nada la situación de los jubilados actuales. Cuando llegue el próximo recibo de haberes se va a comprobar que no sólo no bajaron las jubilaciones, sino que aumentaron con la movilidad correspondiente", señaló.
Frigerio también puso el foco en la magnitud del déficit que enfrenta la Caja provincial y sostuvo que el objetivo de la reforma es evitar que continúe profundizándose.
"La Caja pierde un millón de dólares por día. No vamos a hacer desaparecer el déficit, pero sí vamos a evitar que explote y comenzar a reducirlo junto con el reclamo que estamos llevando adelante para que el Gobierno nacional pague los fondos que le corresponden a Entre Ríos", expresó.
El gobernador recordó además que su gestión inició acciones judiciales contra el Estado nacional para reclamar la deuda por la Caja no transferida y reactivó las auditorías necesarias para respaldar ese reclamo.
En el debate parlamentario, la diputada María Elena Romero defendió la iniciativa al sostener que la provincia debía afrontar un problema estructural que durante años fue reconocido, pero nunca resuelto. "Todos coincidían en el diagnóstico sobre la necesidad de darle sustentabilidad al sistema previsional, pero esa reforma nunca llegó. Lo único que cambió es que ahora, en lugar de guardar el problema en un cajón, lo estamos llevando a los hechos", afirmó.
Además, remarcó que la norma "es la única forma de garantizar que esos derechos sigan existiendo dentro de veinte años" y aseguró que "esta no es una ley de un gobierno, es una ley para la provincia".
A su turno, el presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos, Bruno Sarubi, sostuvo que el debate nunca pasó por discutir si existía un problema en la Caja de Jubilaciones, sino por definir cómo resolverlo. "En todo este proceso no encontramos una sola voz que nos dijera que la Caja estaba bien. La discusión sincera no es si hay que actuar, sino cómo hay que actuar", afirmó. En ese sentido, remarcó que la ley "no es un aumento de impuestos, es un ordenamiento del sistema, gradual y cuidado, para que la Caja pueda seguir jubilando gente durante las próximas décadas". Además, destacó que el objetivo central de la reforma es "garantizar que las futuras generaciones se puedan jubilar en Entre Ríos con el 82 por ciento móvil".
Con esta sanción, el oficialismo logra concretar una de las principales reformas planteadas desde el inicio de la gestión, con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad al sistema jubilatorio provincial. La norma entrará en vigencia una vez cumplidos los pasos administrativos de promulgación y publicación en el Boletín Oficial.
