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La iniciativa garantiza los derechos adquiridos, mantiene el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto, ratifica la movilidad vinculada a las paritarias estatales y establece una implementación gradual de los cambios previstos.
Desde el gobierno provincial remarcaron que el proyecto parte de una premisa central: ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos.
Uno de los principales aspectos incorporados a partir del diálogo con los gremios es la gradualidad en la aplicación de los cambios vinculados a la edad jubilatoria. La iniciativa prevé para los actuales empleados estatales una adecuación progresiva de la edad de retiro, elevándola a 65 años, en línea con el aumento de la expectativa de vida y con criterios de sostenibilidad del sistema previsional. Cabe recordar que la edad jubilatoria vigente en Entre Ríos no registra modificaciones desde 1993. Según relevamientos comparados sobre más de 110 sistemas previsionales del mundo, la edad jubilatoria masculina vigente en la provincia se encuentra en el puesto 94, entre las 16 más bajas, mientras que en el caso de las mujeres queda incluso por fuera de los rangos predominantes a nivel internacional. El proyecto prevé plazos de transición de entre cinco y veinte años, para que ninguna persona próxima a jubilarse vea alteradas sus condiciones de manera inmediata. Solo para los que ingresen al Estado a partir de la sanción de esta ley, la edad jubilatoria pasará a ser de 68 años.
Otro de los temas incluidos a pedido de los gremios tiene que ver con la movilidad. Los jubilados actuales y futuros mantendrán una actualización vinculada a los acuerdos paritarios de los trabajadores de la administración pública provincial.
La iniciativa busca fortalecer la sostenibilidad de la Caja y forma parte del proceso de ordenamiento y equilibrio de las cuentas públicas que el gobierno provincial lleva adelante desde el inicio de la gestión.
Desde el Ejecutivo recordaron que el sistema previsional atraviesa una situación crítica desde hace años. Actualmente, la Caja registra una relación de 1,9 trabajadores activos por cada jubilado, muy por debajo del equilibrio necesario para sostener el sistema. En la última década, la cantidad de jubilados creció un 40 por ciento, mientras que el número de aportantes aumentó apenas un 25 por ciento.
En relación con los regímenes especiales, aclararon que el proyecto no elimina beneficios ni jubilaciones anticipadas, tal como se definió en el intercambio con dirigentes gremiales. En cambio, establece que, una vez alcanzada la edad prevista por el régimen especial correspondiente, el trabajador podrá optar entre continuar en actividad o acceder al beneficio jubilatorio anticipado. En cualquiera de los casos, deberá continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria prevista en la Ley N° 8.732, en cumplimiento de una disposición ya contemplada en la normativa vigente y cuya aplicación pasa a efectivizarse de manera obligatoria con la nueva ley.
"No se elimina ningún régimen especial. Se aplica una regla que ya estaba prevista en la ley y que nunca se implementó", indicaron.
El proyecto también contempla un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio para los salarios más altos, conversado también con los representantes sindicales. Quienes perciban ingresos inferiores a tres millones de pesos mensuales no realizarán aportes adicionales. Esta medida de emergencia sólo alcanza al 4 por ciento de los trabajadores.
Asimismo, incorpora una modificación en el cálculo del haber inicial que persigue el objetivo de lograr un esquema más equitativo y representativo de toda la trayectoria laboral: se propone ampliar la base de cálculo a 240 meses, para evitar distorsiones generadas por ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación, manteniendo como garantía el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto.
Finalmente, la provincia continúa reclamando ante la Corte Suprema los fondos adeudados por Anses.
El proyecto comenzará su tratamiento legislativo en ambas cámaras.
