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En la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, los senadores miembros de la Comisión de Salud Pública y Drogadicción analizaron un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un procedimiento integral de actuación en situaciones de emergencia, destinado a garantizar una atención adecuada, accesible y humanizada a personas con desafíos en la comunicación, promoviendo su protección, seguridad y bienestar.
La comisión presidida por Hernán Méndez (Islas – Juntos Por Entre Ríos) contó con la presencia de sus pares Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos).
El proyecto de 11 artículos presentado por el senador Gustavo Vergara junto a integrantes del bloque Juntos por Entre Ríos, contempla a las personas que presenten, entre otras condiciones: Espectro Autista (CEA); discapacidad auditiva o sordera; Trastornos del habla y del lenguaje; discapacidad cognitiva o del desarrollo; accidente cerebro vascular (ACV); Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o cualquier otra condición que implique dificultades en la comunicación verbal o no verbal. De esta manera, se propone crear el Registro Único Voluntario de Personas con Desafíos en la Comunicación, de carácter confidencial y no obligatorio, con el objeto de facilitar la intervención de los servicios de emergencia. Será autoridad de aplicación la Dirección de Defensa Civil. Ya en el artículo 5° se dispone que los móviles y dependencias de los servicios de emergencia provinciales cuenten con equipo de primeros auxilios psicológicos.
Se establece además la capacitación obligatoria, periódica y continua del personal de los servicios de emergencia y de los agentes públicos involucrados, en materia de comunicación accesible; abordaje respetuoso y no violento; primeros auxilios psicológicos; atención a personas con desafíos en la comunicación. Se contemplan también sistemas de identificación voluntaria, articulación interinstitucional, difusión y financiamiento.
La propuesta tomó las experiencias de las ciudades de Villa María (Córdoba) y de General Ramírez, y miembros de la Asociación de Bomberos Voluntarios de esta última ciudad, ya dieron su aporte a la Comisión en torno a la iniciativa analizada.
Intercambio y opiniones sobre el proyecto
Para el análisis del proyecto brindaron sus aportes el director de Defensa Civil de la Provincia de Entre Ríos, Oscar Díaz Bertozzi; el director de Emergencias Sanitarias de Entre Ríos, José Cáceres; la coordinadora general del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI) de la Provincia de Entre Ríos, Sabina Carrivale, junto a parte del equipo Gabriel Clariá y Natalia Jaime; del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Gabriela Avero y Silvina Butus.
Las funcionarias de Salud consideraron muy importante el proyecto y se mostraron de acuerdo con la conformación del Registro Único Voluntario de Personas con Desafíos en la Comunicación. Por su parte la coordinadora de IPRODI también vio los beneficios de la propuesta, en tanto apuntó a trabajar con los municipios para un relevamiento de personas que no cuentan con certificado de discapacidad, y se plantearon algunas dudas en cuanto a lo presupuestario, al listado de los diagnósticos sugeridos, y a la accesibilidad al momento de solicitar ayuda en la emergencia. Desde el área se comprometieron a trabajar en equipo sobre todo en capacitación.
A su turno, el director de Defensa Civil, Díaz Bertozzi, también elogió el proyecto, en tanto explicó la forma de trabajo del organismo y mencionó que las primeras líneas en actuar son las Defensas Civiles municipales. En este sentido cuestionó ser el organismo de contralor, y planteó la necesidad de contar con mayor recurso humano especializado.
Al tomar la palabra el director de Emergencias Sanitarias, José Cáceres, manifestó que quien debe abordar primero una emergencia es la policía, después bomberos y salud. El titular habló de realidades de las diferentes localidades de la provincia y de los desafíos para recepcionar las emergencias, como también abordar una comunicación integral, armar protocolos, y contar con personal capacitado.
Tras un intercambio con los senadores presentes, el presidente de la Comisión solicitó a los invitados sus aportes por escrito para continuar analizando la iniciativa.
Reunión con eje en el juego problemático
También en la Sala de Comisiones, después de las 12 se llevó adelante una reunión conjunta de las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción, y de Legislación General.
Los senadores dieron continuidad al estudio del proyecto de ley presentado por el senador Otaegui, junto a integrantes del bloque Juntos por Entre Ríos, por el que se prohíbe el acceso a sitios de apuestas en línea a través de redes públicas de acceso a internet brindadas por organismos estatales. Para el encuentro se sumaron los senadores de la Comisión de Legislación General que preside Nancy Miranda, con Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), y Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos).
En seis artículos se establece que la autoridad de aplicación será el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) y sus funciones serán: confeccionar periódicamente un listado de sitios de apuestas legales o ilegales que estén operando en el territorio de la Provincia; realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales para que se den de baja los sitios de apuestas ilegales; enviar el listado de sitios de apuestas a los prestadores de internet para que sepan cuáles sitios, IP (Internet Protocol) y DNS (Sistema de Nombres de Dominio) son los que deben ser bloqueados para acceder desde redes públicas; recibir denuncias de autoridades municipales o comunales sobre la falta de inclusión en el listado de sitios de apuestas; y toda otra que considere pertinente la autoridad de aplicación.
Se deja sentada la obligación a las empresas prestadoras de servicio de internet por medio de redes públicas que deben bloquear aquellos sitios, IP y DNS indicados en el listado que periódicamente les brinda la autoridad de aplicación. Asimismo se invita a municipios y comunas a adherir y a sancionar normas propias con sentido similar. Con la experiencia de otros lugares, como Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se complementan otras estrategias con las que cuenta Entre Ríos para hacer frente al uso problemático del juego.
Debate y aportes al proyecto
Para esta ocasión fueron convocados a dar sus aportes: del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) de la Provincia de Entre Ríos, su Director Político, Marcelo Monfort, y el Asesor Comercial de la Gerencia General, Germán Dachary; de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Entre Ríos, Alejandro Mildenberger y Kevin Smith.
Monfort se mostró de acuerdo con el proyecto en líneas generales. “Es una situación difícil la de llevar el control del juego online, la informalidad y las cuentas clandestinas que generan daños y perjuicios principalmente a los menores, y también a la recaudación del Instituto”. Dachary en tanto apuntó a que “nos interesa mucho este tema, nos ayuda a hablar con los proveedores de internet, este instrumento legal sería de mucha utilidad en lo difícil que es combatir el juego clandestino”.
Mildenberger celebró el espíritu del proyecto e hizo hincapié en una sensibilización relacionada a la alta exposición a las pantallas que se da actualmente. “No es solo restringir, es plantear una agenda gradual, pensar estrategias en el marco de la hiperconectividad”. Por su parte Smith señaló cuestiones técnicas, en los nodos de los proveedores para bloqueos, y la complejidad del tema.
Con los senadores presentes se debatió el texto, en tanto continuarán trabajando el mismo con posibles modificaciones.
