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El protocolo establece que, ante una amenaza, las instituciones deben dar intervención inmediata a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales para evaluar el riesgo. La directiva central es mantener la presencialidad cuidada: no se suspenderán las clases, salvo indicación expresa de la fuerza de seguridad, para evitar el efecto contagio y la desinformación. En los casos necesarios, se contará con presencia policial en los horarios de ingreso y permanencia.
Desde el CGE se recordó que estas acciones, aunque se presenten como "retos" de redes sociales, constituyen el delito de intimidación pública (Art. 149 bis del Código Penal). La justicia interviene de oficio y puede haber consecuencias penales incluso para menores de edad y sus responsables legales.
En ese marco, la Policía de Entre Ríos ha logrado individualizar a varios de los autores de estas amenazas en distintas ciudades de la provincia, y se continúa trabajando de manera articulada con la Justicia para avanzar en cada uno de los casos.
El documento oficial insta a los equipos directivos a trabajar junto a los Equipos de Orientación Escolar (EOE) en el acompañamiento socioemocional de los alumnos. Asimismo, se solicita a las familias: informarse únicamente por canales oficiales, no difundir rumores que generen pánico en redes sociales y conversar con los jóvenes sobre el uso responsable de la tecnología y el impacto de la violencia.
"La prioridad es la seguridad, pero también el derecho a la educación en un entorno de calma", señalaron desde la Coordinación de Políticas Transversales del CGE.
En ese marco, y a partir del trabajo preventivo realizado, no se registraron hechos de violencia ni situaciones que alteraran el normal desarrollo de la jornada escolar en la provincia. Todas las instituciones funcionaron con normalidad, bajo monitoreo de las autoridades correspondientes.
